El Canal de Panamá constituye una infraestructura clave para el comercio marítimo mundial, representando un punto estratégico que conecta los océanos Atlántico y Pacífico. Su importancia radica no solo en la eficiencia que aporta al comercio global, sino también en su impacto directo sobre las economías de las naciones que dependen de él.
Esta infraestructura facilita el tránsito de aproximadamente el 5% del comercio marítimo mundial. En 2024, el volumen de carga que transitó por esta vía alcanzó los 423 millones de toneladas, destacándose Estados Unidos (74,7%) y China (21,4%) como los principales usuarios, y se espera que para el año en curso transiten más de 520 millones de toneladas. Este flujo continuo de mercancías, que incluye productos como petróleo, granos, químicos y carga contenerizada, es esencial para las cadenas de suministro globales.
A nivel nacional, el Canal de Panamá aporta el 7,7% del PIB panameño y a 15,9% de las exportaciones totales anuales, así como representa el 23,6% de los ingresos gubernamentales, convirtiéndose en una fuente vital de financiamiento público. Además, la infraestructura no solo optimiza rutas comerciales, sino que también fortalece la posición de Panamá como un centro logístico y financiero global.
Ahora bien, en su primer discurso tras asumir nuevamente el poder, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que “China está operando el Canal de Panamá” y declaró la intención de “recuperar” el control sobre esta infraestructura. Declaraciones que han generado preocupación y rechazo tanto por parte de las autoridades panameñas y de otros países, así como de expertos internacionales.
Las afirmaciones de Trump sobre una supuesta operación china del canal carecen de evidencia concreta. La Autoridad del Canal de Panamá (ACP), que gestiona la infraestructura desde 1999, opera como un ente independiente bajo control panameño, garantizando la neutralidad y eficiencia del canal. Aunque empresas chinas, como Hutchison Ports, tienen concesiones para operar puertos adyacentes, esto no implica control sobre la vía interoceánica.
Trump también sugirió recurrir a medidas extremas, incluida la fuerza militar, para “recuperar” el canal. Sin embargo, el Tratado Torrijos-Carter, que transfirió el control del canal a Panamá, establece que Estados Unidos puede intervenir solo para garantizar su neutralidad en caso de amenazas, sin derecho a asumir su administración.
Por otra parte, China es el segundo mayor usuario del canal y ha aumentado significativamente sus inversiones en Panamá desde el establecimiento de relaciones diplomáticas en 2017. Proyectos como la construcción de puentes y terminales de cruceros refuerzan su presencia económica, pero no implican control operativo del canal.
No obstante, la participación de conglomerados como Hutchison Ports, filial del grupo CK Hutchison Holdings con sede en Hong Kong, ha generado inquietudes en Estados Unidos. Analistas destacan que la información recopilada por estas empresas sobre tráfico marítimo podría tener valor estratégico en escenarios de conflicto geopolítico. Sin embargo, expertos aclaran que esta actividad no compromete la soberanía panameña ni el funcionamiento del canal.
La posibilidad de que Estados Unidos recupere el control del Canal de Panamá es mínimamente viable desde el punto de vista jurídico y político. Cualquier acción militar unilateral sería ampliamente condenada por la comunidad internacional y podría desatar conflictos diplomáticos significativos. Además, el canal es una infraestructura neutral cuyo acceso está garantizado para todas las naciones bajo los tratados internacionales vigentes.
Las amenazas de imponer aranceles o restricciones comerciales también podrían tener consecuencias contraproducentes para Estados Unidos, dado su papel como principal usuario del canal. Estas medidas podrían encarecer el comercio y afectar negativamente las cadenas de suministro globales, especialmente en sectores clave como energía y manufactura.
Las declaraciones de Trump parecen responder más a una estrategia de presión geopolítica contra China que a una preocupación real por el canal. Esta postura podría interpretarse como una herramienta para limitar la influencia china en la región y fortalecer el control estadounidense sobre rutas comerciales estratégicas.
Por su parte, Panamá ha reiterado su compromiso con la neutralidad y soberanía del canal, destacando su independencia operativa y su gestión eficiente. La respuesta panameña incluye la apertura de auditorías a empresas concesionarias chinas para disipar cualquier duda sobre su operación.